Marco Ricolfi, Joseph Drexler, Mireille
van Edchoud, Manuel Fernández, Cristiana Sappa, Prodromos Tziavos,
Julián Valero, Francesca Pavoni y Paolo Patrito
Publicación en la revista Informatica e Diritto. Rivista internazionale, 2011, páginas 147 a 152
Resumen:
¿Deberían estar las empresas públicas
contempladas en la Directiva sobre información pública? Las definiciones
de los organismos del sector público y de los organismos regidos por
derecho público a los cuales se aplica la Directiva sobre información
pública están actualmente basadas en las Directivas de contratación
pública, no estando las empresas públicas incluidas en aquellas.
¿Deberían ser consideradas las empresas públicas como elementos del
sector público en lo que a la Directiva respecta? ¿Hay empresas públicas
que guardan información pública relevante? ¿Encontramos definiciones
diferentes en las legislaciones nacionales de los Estados miembros que a
la hora de regular situaciones en las que determinados organismos
trabajan con información similar a la del Sector Público son
considerados estrictamente como sector público, quedando en consecuencia
bajo el campo de acción de la Directiva PSI, mientras que en otros
Estados miembros quedan excluidos por considerarse empresas públicas?
Si las empresas públicas fueran
cubiertas por la Directiva sobre información pública… ¿cómo deberían
conformarse las definiciones de organismos del sector publico y
organismos regidos por Derecho público? ¿Deberían ser estas definiciones
independientes de las definiciones de contratación pública? ¿Podría la
información ser considerada como pública si esta fuera contenida por un
antiguo organismo del sector público ahora privatizado?.
Abstract:
| Should public undertakings be covered by the PSI Directive? The definitions of public sector bodies and bodies governed by public law, to which the PSI Directive applies, are currently taken from the public procurement Directives and public undertakings are not covered by these definitions. Should public undertakings be considered as public sector bodies in the meaning of the Directive? Are there public undertakings holding “interesting” PSI? Are there different definitions of national legislation leading to situations where bodies holding similar (public sector) data are in some Member States considered as public sector bodies falling under the PSI Directive and in other Member States considered as public undertakings? If public undertakings were to be covered by the PSI Directive, how should the definitions of public sector bodies and bodies governed by public law be amended? Should the definitions be detached from the public procurement definitions? Could data be considered as PSI if it was held by a privatised former public sector body? P, WG1 – Subgroup competition of the European Thematic Network LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information). |
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