Presentación
La Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública es un proyecto conjunto de la Universidad de Murcia y la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública de la Región de Murcia, y está abierta a la colaboración con otras entidades públicas y privadas comprometidas con los objetivos de regeneración democrática, integridad pública y calidad de la gobernanza.
Objeto
La ONU ha situado entre los Objetivos de desarrollo sostenible las ideas de buen gobierno y regeneración institucional. En concreto, menciona como metas “reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas” (§ 16.5), “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas” (§ 16.6), y “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades” (§ 16.7). Unos valores presentes también en la Constitución española de 1978 cuando afirma que “[l]a Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia […], con pleno sometimiento a la ley y al Derecho” (art. 103.1 CE); reconociendo, además, el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes” (art. 23.1 CE).
En este marco, el objeto de esta Cátedra se proyecta sobre tres ámbitos principales estrechamente relacionados en torno a la idea de “buen gobierno”: 1) La calidad de la gobernanza; 2) La integridad pública; 3) La regeneración institucional; y pretende servir de nexo entre la academia, instituciones y también actores privados comprometidos con estos objetivos para avanzar en su consecución, a través de la realización de diagnósticos y de la formulación de propuestas, la difusión y la divulgación social, y la formación de funcionarios y empleados públicos.
La Cátedra tiene, por tanto, un doble ámbito de proyección. Por un lado, pretende mejorar los procesos institucionales y, por ello, espera colaborar con todos los poderes públicos con presencia especialmente en la Región de Murcia, aunque estará abierta a la colaboración con instituciones de otros ámbitos geográficos. Por otro lado, quiere involucrar también al tejido empresarial, sindical y a la ciudadanía en su conjunto para fomentar una cultura democrática y de la integridad que ayude a prevenir prácticas corruptas y, de esta forma, asegurar unos mayores niveles de prosperidad y un mayor grado de igualdad de oportunidad, afianzando la confianza institucional y social. En este sentido, la Cátedra atenderá con particular atención la colaboración con el ámbito municipal.
La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son una clave fundamental del desarrollo económico de los países según está hoy día admitido sin ningún género de dudas en la literatura académica, tanto en el campo de la economía política, como en el de la ciencia política. Como se recoge en el informe de Francisco Alcalá y Fernando Jiménez publicado por la Fundación BBVA en 2018, la corrupción y los déficit de calidad institucional reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales e incrementan su incertidumbre, desvían recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios desincentivando el emprendedurismo y la innovación. De acuerdo con ese mismo informe, elevar la calidad institucional de nuestro país hasta el nivel que le correspondería dada su productividad permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años. Esto equivaldría a elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años. Es decir, la mejora de la calidad de las instituciones públicas de nuestro país es el mejor estímulo posible para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y el aumento de los salarios en nuestro país y los ciudadanos, así como los principales actores sociales, deberían cobrar conciencia de ello.
