Antecedentes y estado actual del tema. Justificación del interés del proyecto

El medio ambiente, como conjunto de ecosistemas, es objeto de serios deterioros, motivo por el cual el Derecho interviene en su protección ordenando las conductas que puedan mermar su natural desenvolvimiento en tanto que las mismas supongan un deterioro en su calidad y, por ende, en la calidad de vida de las personas. Esta circunstancia que fue diagnosticada, en cuanto punto de partida justificativo del ya finalizado proyecto La protección del suelo, los espacios naturales y el agua en la Región de Murcia en el contexto jurídico del siglo XXI, ha venido avalada en diversos trabajos científicos por profesores o especialistas, y también por parte de miembros del equipo investigador como el Dr. Álvarez Carreño y la Dra. Soro Mateo. Así, en "El Derecho Administrativo y la Protección del Medio Ambiente" (en T. Vicente Giménez (Coord.), Justicia ecológica y protección del medio ambiente", Trotta, Madrid, 2002) donde se señaló que "la natural disposición de los recursos naturales, desconectada de consideraciones antropológicas, no casa bien con una distribución territorial del poder político basada en coordenadas que trascienden el propio entorno. Entendido el medio ambiente como el conjunto de recursos naturales comunicados entre sí, las políticas y técnicas destinadas a su protección y gestión han de tornarse permeables a las fronteras territoriales como único medio de asegurar la efectiva protección del medio natural" (pág. 209). Por su parte, la Dra. Soro Mateo ha destacado algunas de estas ideas y ha realizado una exposición crítica acerca de la necesaria reordenación normativa de la protección ambiental, así como de la necesidad de diferenciar los títulos competenciales que corresponden a las Comunidades Autónomas (M. Fernández Salmerón/B. Soro Mateo, La articulación del ordenamiento jurídico ambiental en el Estado autonómico, Atelier, Barcelona, 2001).

La protección del agua ha sido objeto de un amplio análisis en los ordenamientos comunitario, estatal y autonómico por parte de otros miembros del equipo investigador, destacando las aportaciones, sobresalientes para el conocimiento de las orientaciones de nuestro ordenamiento jurídico vigente en la materia de S. Álvarez Carreño ("Environmental Reinforcement in European Water Law: Reflections on its Significance in Spain", European Environmental Law Review, vol. 15, nº 10, págs. 297-303) o, sin ánimo de exhaustividad, en "La calidad ambiental de las aguas como eje vertebrador de la nueva normativa comunitaria" (en E. Pérez Pérez, Aplicación en España de la Directiva Europea marco de Aguas, Ecoiuris, Madrid, 2003, págs. 95-126).

Asimismo, la necesidad de reforma de la normativa vigente en relación con los radicales cambios que han venido a operarse sobre la configuración de determinados sectores de protección ambiental han sido convenientemente estudiadas y puestas de manifiesto en diversos trabajos de los miembros del equipo investigador. Así, en el caso del agua, S. Álvarez Carreño ha estudiado las diferentes posibilidades organizativas de la gestión del agua ("Las Administraciones Hidráulicas de las Comunidades Autónomas: los diferentes modelos de gestión del agua", en E. Pérez Pérez (Coord.), Derecho de Aguas, IEA, Murcia, 2006, págs. 503 y ss.) y Mª Teresa Navarro Caballero ha analizado las posibilidades de cesión de derechos de aprovechamientos de aguas como medio para alcanzar una mayor racionalidad en su distribución especialmente en aquellas Cuencas como la del Segura que tan graves problemas hídricos tiene (El contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2007).

Igualmente, debe destacarse la perspectiva adoptada por el trabajo de nuestro investigador principal S. Álvarez Carreño, autor de la otra gran monografía española sobre la depuración de aguas residuales (El régimen jurídico de la depuración de las aguas residuales urbanas, Montecorvo, Madrid, 2002) donde el autor lleva a cabo un desarrollo crítico del régimen jurídico de esta actividad tan ligada a la protección y conservación del agua en los ordenamientos comunitario, estatal y autonómico. Más recientemente, se ha continuado trabajando sobre este preciso argumento. De este modo, el mismo investigador es autor colaboraciones señeras relativas a este mismo tema ("Modelos de gestión de la calidad del agua: la creación de la Entidad Regional murciana de saneamiento y depuración de aguas residuales", en J. Rodríguez Arana/I. del Guayo Castiella, Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, BOE/INAP, Madrid, 2002, págs. 77-90 y "Consideraciones sobre la creciente interconexión de los ordenamientos jurídicos del suelo y del agua" en R. Entrena Cuesta (coord.), El Derecho urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje al Profesor Martín Bassols Coma, vol. II, Reus, Madrid, 2008, págs. 55-78)

Asimismo, Mª F. Gómez Manresa (El particular en la gestión urbanística, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2006) ha abordado el problema específico de la perspectiva integral contenida en el concepto de ordenación territorial de la Carta Europea de Ordenación del Territorio que obliga a indagar en la configuración constitucional y legal de esta competencia —y su conexión con la urbanística—, así como de los principios de territorialidad y coordinación de las competencias autonómicas; habiendo combinado tal estudio con la profundización en el desarrollo de la planificación y la gestión de cualquier clase de suelo —urbanizable, urbano no consolidado y consolidado— que exigen políticas de racionalización que posibiliten que el territorio sea un espacio sostenible ambiental y socialmente ya que, a tal fin, la Administración debe disponer de los mecanismos jurídicos necesarios para ello.

Por lo que se refiere a los espacios naturales, la labor investigadora previa de algunos miembros del grupo de investigación puede decirse sobresaliente. Además, de los trabajos ya citados que abordan esta cuestión, debe hacerse referencia ahora sin ánimo de exhaustividad a la obra emblemática de B. Soro Mateo en su estudio monográfico La responsabilidad ambiental de las Administraciones Públicas (Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2005) que dedica todo su Título IV a estudiar la responsabilidad de las Administraciones Públicas derivada de la planificación y de la declaración de espacios naturales (págs. 183-250).

Por último, por lo que se refiere a las implicaciones en materia laboral de la normativa ambiental, C. Sánchez Trigueros ha iniciado interesantes labores de investigación que encuentran perfecto acogimiento, como complemento y especialización, en la materia objeto de investigación en el proyecto que, en sus tres anualidades, busca pues afrontar este reto: realizar un diagnóstico y proceder a la evaluación de la situación jurídica del medio ambiente en la Región de Murcia en el marco del nuevo bloque normativo regulador con lo que, además, se propone ofrecer una material de trabajo a partir del cual confrontar y debatir los resultados obtenidos con la comunidad científica nacional e internacionales este ámbito nuclear del siglo XXI.