En un momento coyuntural de reforma del bloque de la constitucionalidad protagonizado por una reajuste competencial entre la instancia estatal y la autonómica, seguimos debatiendo sobre la distribución de competencias en materia ambiental. Además de los procesos de reforma estatutaria a los que estamos asistiendo, y de la anunciada reforma constitucional, con la aprobación de la nueva Ley estatal del suelo, así como con el Proyecto de Ley de Biodiversidad, que pretende sustituir a la Ley 4/1989, de espacios naturales el debate en nuestro Estado complejo ha iniciado una andadura que merece una rigurosa revisión crítica a partir de una adecuada interpretación y clarificación de los títulos competenciales en la materia y conexos, que posibilite en su día la justificación competencial por el Estado de una nueva regulación de la materia.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe estar en las mejores condiciones posibles para afrontar los retos normativos en materia de protección ambiental para el inmediato futuro y sentar las bases de la anunciada reforma de su Estatuto de Autonomía.
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