Derroche energético y económico
Según el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el funcionamiento de todas las
luminarias repartidas en España suponen el 42% del consumo de energía del sector de servicios públicos y la inversión en su mejora ahorraría un 30% de este consumo.
El 95% del consumo energético de este sector corresponde a instalaciones propiedad de los ayuntamientos.
En ayuntamientos como el de Figueres (Gerona), donde se aplican medidas contra la contaminación lumínica, según el
"Pla Director per a L'estalvi Energètic en L'enllumenat Públic", Plan Director para el Ahorro Energético en Alumbrado Público, se ha conseguido un ahorro medio del 44% del consumo energético.
Cifras similares se obtienen en el caso de la
Ley del Cielo de las Islas Canarias:
el ahorro se sitúa entre el 40% y el 60% para las instalaciones adaptadas.
Por otra parte, es necesario considerar la
necesidad de cumplir con los niveles de iluminación recomendados por organismos como el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) o la Comisión Internacional de Iluminación (Comission Internationale de L'Eclairage, CIE);
y el uso de las
lámparas de mayor eficacia luminosa y espectro menos contaminante como son las de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o vapor de sodio a alta presión (VSAP).