Según la recomendación del Consejo de Ministros de la UE "incumbe a cada Estado miembro decidir en qué condiciones y por qué delitos pueden almacenarse los datos del ADN en una base de datos nacional….y deberán darse garantías destinadas a proteger la integridad física de las personas afectadas". Por otra parte indica que la "creación de una base de datos de ADN europea deberá considerarse como una segunda etapa".